Magistrados que ignoran la Historia

Dado que, como es bien conocido, otros militares golpistas le dieron en su momento a Franco el reconocimiento de “generalísimo”, en el año 1993 Francisco Tomas y Valiente escribió un artículo en el cual se refería a él como “el general superlativo” (unos años después, Alberto Reig Tapia recurriría a ese término al titular uno de sus libros como Franco: el César superlativo). El que fuera presidente del Tribunal Constitucional hacía al final unas consideraciones acerca del modo en que se llevó a cabo la Transición en España, y afirmaba que se realizó mediante una “reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de venganza”, pero además añadía: “Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos, y sería pernicioso que muchos lo dieran”. Por  fortuna, gracias a la labor de asociaciones, de historiadores y de medidas adoptadas desde los poderes públicos, no nos hemos convertido en una sociedad en la que impere el olvido, sin embargo no podemos decir lo mismo acerca de la ignorancia, y más en concreto, de la ignorancia de la historia.

Esto último se ha puesto de manifiesto en el reciente Auto del Tribunal Supremo por el que paraliza la exhumación de Franco prevista para el próximo 10 de junio y donde, por lo que en particular me interesa, se refieren a él como “jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. En contra de esa apreciación sobre la fecha del 1 de octubre se han escuchado voces de expertos historiadores como Paul Preston, Ángel Viñas, Julián Casanova o Ian Gibson, también han llegado desde instancias jurídicas por parte de Jueces y Juezas para la democracia. En todos los casos se señala el grave error cometido por los magistrados, por ello quizás sería conveniente detallar por qué deberían corregir.

Tras el golpe de estado del mes de julio, y ante la muerte de Sanjurjo, entre los militares sublevados se decidió la creación de una Junta de Defensa Nacional, que asumía todos los poderes. Estaba presidida por el general Cabanellas, y en ella, entre otros, se hallaba Mola desde el principio, y más tarde también se integrarían Franco y Queipo de Llano. No obstante, dado que el golpe había fracasado, el mando real lo ejercían aquellos que dirigían las operaciones militares: Mola, Queipo y Franco.  A finales de septiembre, se planteó la necesidad de tener un mando único. El 27 de ese mes, cuando ya las tropas sublevadas habían entrado en el Alcázar de Toledo, durante un acto celebrado en Cáceres, el general Yagüe se dirigía a los congregados con estas palabras, en referencia a Franco, que había hablado antes que él: “Mañana tendremos en él a nuestro Generalísimo, al jefe del Estado”. Al día siguiente, la reunión de la Junta de Defensa aprobó en Salamanca un decreto, redactado por el profesor de derecho internacional José Yanguas Messía, cuyo primer artículo rezaba así: “En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado español al Excelentísimo señor General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado”. Esa extraña fórmula para definir el cargo supremo fue calificada por Javier Tusell como “peregrina”.

El decreto se publicó el día 30 de septiembre, pero al día siguiente, 1 de octubre, Franco ya actuaba como Jefe del Estado, tal y como figuraba en el decreto de ese día por el cual nombraba una Junta Técnica del Estado. Así pues, el general sublevado se autoproclamaba jefe de un Estado que aún no existía, al tiempo que Cabanellas, como recoge Preston en su biografía del dictador, en el acto de investidura realizado en Burgos le decía: “Señor Jefe del Estado Español. En nombre de la Junta de Defensa Nacional, os entrego los poderes absolutos del Estado”; a lo que Franco respondió con unas conocidas palabras que demostraban su firme voluntad de actuar  de manera enérgica, tal y como los golpistas habían hecho desde el principio: “Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme”.

A la vista de lo acontecido en 1936, los magistrados del Supremo parecen darle carta de validez con su Auto a esa autoproclamación golpista, al tiempo que olvidan que en aquella fecha del 1 de octubre de 1936 existía un gobierno legítimo, presidido por Francisco Largo Caballero, así como que el jefe del Estado era Manuel Azaña, elegido Presidente de la República en mayo del mismo año de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. El error de los magistrados se acentúa por lo que representa de agravio a las víctimas de la dictadura, a las cuales coloca en una posición inferior a los familiares del dictador, sin olvidar que la decisión de proceder a la exhumación por parte del gobierno no es sino un mandato del órgano en el que reside la soberanía popular, y sobre todo un gesto de dignidad necesario para nuestro sistema democrático. Porque no se les critica porque no hayan hecho un juicio moral sobre el dictador, solo se les pide que respeten la historia y no la ignoren.