Reproduce la editorial de El país, 4/3/22
Los decretos que hizo públicos el miércoles la Fiscalía del Supremo archivan las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, pero a la vez contienen un minucioso recuento de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito. La inviolabilidad que concede la Constitución a cualquier acto del Rey, la prescripción y otras reglas básicas del Estado de derecho impiden procesar penalmente a Juan Carlos I y consagran una impunidad que ningún otro ciudadano podría disfrutar en semejantes condiciones. Los hechos probados arrojan un resultado descorazonador y profundamente decepcionante al dar la razón a lo que este periódico ha contado durante años sobre las irregularidades contables y los fraudes a la Hacienda pública de quien durante 39 años fue el jefe de Estado de España. La conducta del rey emérito es una devastadora noticia para la democracia española por saltarse las obligaciones fiscales y actuar de forma premeditada para sortear las leyes que rigen para todos los demás. La imposibilidad de abrir una causa penal añade sal a la herida democrática que describen con crudeza los informes de la Fiscalía.
