Reconoce de que los países están fallando colectivamente y que necesitan aumentar sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero.
Acuerda que los países reduzcan gradualmente el carbón y “las subvenciones ineficientes” a los combustibles fósiles.
Los países ricos se comprometen con la declaración de Glasgow a duplicar los fondos que destinan a la adaptación en 2025, lo que supondría llegar a una cantidad cercana a los 40.000 millones de dólares. Además, al margen de este fondo, de la COP26 sale el andamiaje para que en el futuro se establezca un mecanismo de pérdidas y daños: básicamente, un instrumento de ayuda internacional para los países con menos recursos que se vean golpeados, por ejemplo, por los fenómenos extremos vinculados a la crisis climática.
Se pide a los países que “revisen y refuercen los objetivos para 2030″ en sus planes ante la ONU “para finales de 2022″.
El acuerdo final que sale de Glasgow, tal y como está redactado, no vincula legalmente a ningún país en concreto. Solo se pide que “revisen y refuercen los objetivos para 2030″ de sus NDC sin mencionar a ningún Estado. Pero si mantiene la presión sobre los países que todavía no han endurecido lo suficiente sus programas de recorte. De hecho, anualmente el área de cambio climático de la ONU realizará un informe de seguimiento sobre esos planes y el nivel de calentamiento al que conducirán.
